2DO ENCUENTRO "LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS"

AFPP GRANTOLIMA

Asociación de Familiares

LIBERTAD:

A Miguel Angel Beltrán.

LIBERTAD

A Huber Ballesteros.

lunes, 28 de septiembre de 2015

LA PAZ NO TIENE REVERSA TRAS LA FIRMA DEL ULTIMO ACUERDO ENTRE FARC-EP Y GOBIERNO.


La Corporación Semilla y Memoria, organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica y solidaridad a personas en reclusión, recibe con beneplácito e inmenso optimismo el gran avance que han dado las FARC EP, y el gobierno nacional, en el objetivo de avanzar en el proceso de PAZ. Los últimos acontecimientos dejan ver el interés de las partes por lograr la firma del Acuerdo lo antes posible.
Tras la firma de un acuerdo sobre el tema de justicia se destraba el proceso y lo pone en un punto irreversible, es este quizás el momento político más importante que ha vivido Colombia en el último medio siglo.
Para los más de 9.500 prisioneros que se encuentran en las  cárceles del país por motivos políticos la lucha por la vida y la libertad esta hoy logrando sus frutos, el delito político, entendido este como uno delito caracterizado por el altruismo y la justicia, es hoy uno de los temas más importantes en el tránsito hacia la paz.
La importancia de los acuerdos en materia agraria, participación política, cultivos de uso ilícito, cobran ahora más materialidad al superar, el tema de justicia pactado los últimos días, además de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, son todos estos, pasos importante para superar el conflicto social político y armado que nuestra patria ha sufrido durante más de 50 años.
En síntesis el modelo de justicia pactado, supera las expectativas y en algunos casos el pesimismos que muchos tenían. Tras la firma del Acuerdo, solo  queda, definir el tema de conexidad de algunos delitos con el delito de rebelión para de esta forma proceder a la libertad mediante amnistías  de muchos prisioneros políticos en Colombia. Por otro lado dice el acuerdo que se creara una jurisdicción de paz que definirá las responsabilidades y sanciones que deberán afrontar los actores del conflicto armado en especial los casos que revistan más gravedad.
De cualquier forma el modelo planteado en los acuerdos impartirá justicia bajo modelos de verdad justicia y reparación indispensables estos para superar los odios y lograr una Colombia feliz llena de esperanza como lo menciono el inolvidable Jaime Pardo Leal.


sábado, 26 de septiembre de 2015

S.O.S GRAVE SITUACIÓN DE SALUD DE PRISIONERO POLÍTICO


 ACCIÓN URGENTE EN BENEFICIO DE CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTES


La Corporación SEMILLA Y MEMORIA, organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos, integrante de la COALICIÓN por el trato digno de las y los prisioneros políticos – LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS; a petición de los familiares, hizo visita humanitaria al Prisionero Político CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS, reseñado con el TD 104457, recluido en el establecimiento penitenciario COIBA PICALEÑA de la ciudad de Ibagué- Tolima; y en atención a su deplorable estado de salud; emite ACCIÓN URGENTE:

HECHOS

PRIMERO: Relata el prisionero político CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS, que fue capturado el 31 de Diciembre de 2014 por miembros  del Batallón de alta montaña de Algeciras-Huila, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional de Colombia, como consecuencia de enfrentamientos con insurgentes de la Columna móvil TEÓFILO FORERO de las FARC- EP. Combates que sucedieron en la vereda Quebradón, municipio de ALGECIRAS departamento del Huila. Afirma que su captura se dio luego de que quedara fuera de combate como consecuencia de una herida en la cadera derecha, producida por un proyectil de fusil; hecho que lo dejó en completo estado de indefensión. Ya en esta situación, los soldados del Ejército siguieron  propinándole dos disparos más; uno de los cuales le entró por la cadera derecha, atravesándole el estómago con orificio de salida en la axila izquierda,  afectándole en su trayectoria, el estómago y parte de los pulmones; el otro disparo tiene como orificio de entrada en el codo derecho y orificio de salida  en la cara interna del tercio proximal de humero, lo cual le provoco fractura  en  tercio proximal de humero. Aparte de las heridas los soldados le propinaron una fuerte golpiza que le produjo heridas y fracturas  en la pierna izquierda por debajo de la rodilla
SEGUNDO: Informa el prisionero que le fue practicada cirugía y sus fracturas tratadas con tutores externos los cuales le fueron retirados sin ser sometido a otro tipo de tratamiento por lo que las fracturas no fueron reparadas persistiéndole fuertes dolores en sus extremidades. Con relación a las lesiones en el abdomen dice que le fue practicada una LAPAROPTOMIA,  la cual no ha sido tratada. En nuestra visita pudimos constatar  que su estómago se encuentra totalmente por fuera, protegido por la piel y con HERNIA presente. Los dolores permanentes afectan y disminuyen la calidad de vida del interno CARLOS ANDRES BUSTOS CORTES. El brazo derecho  se encuentra totalmente partido si movilidad y dolores permanentes, el prisionero político de las FARC-EP, actualmente está en silla de rueda, sin movilidad y con dolores permanentes, lo cual afecta su vida y tranquilidad en prisión.
TERCERO: Recientemente la Coalición Larga Vida a las Mariposas y  otras Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos; a través de una carta humanitaria, solicitamos la liberación de 71  prisioneros políticos que se encuentran en grave estado de salud en las  cárceles de Colombia. Libertad que debe darse por la incompatibilidad del estado de salud de estos prisioneros con las condiciones en reclusión ya que la falta de atención médica especializada viene ocasionando un desmejoramiento progresivo en la calidad de vida y dignidad humana de los internos enfermos. En tal sentido solicitamos del Estado colombiano atender de forma inmediata al prisionero CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana,  la integridad física y psicológica, a la honra y a la tranquilidad  del prisionero político CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS, derechos que se están viendo vulnerados por la omisión e irresponsabilidad del Estado, del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, y de la EPS CAPRECOM. La omisión en la prestación del servicio de salud, y a la práctica de cirugías y tratamiento médico afecta la vida del interno el cual es un sujeto de especial sujeción a cargo del estado.

AL ESTADO COLOMBIANO
·         El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

·         Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, al prisionero CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS, realizar una evaluación al estado de salud del prisionero y proceder a practicar las cirugías y tratamiento médico que su condición de salud requiere.

·         Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho a la SALUD EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA, consagrado   en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los cuales se encuentran sustentados en los hechos de esta Acción Urgente.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
·         Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, a la dignidad humana, la salud  la seguridad personal,  y la integridad física y psicológica del prisionero  CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTÉS y de su familia, los cuales están siendo afectados por la omisión del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC, en prestar al prisionero  CARLOS ANDRÉS BUSTOS CORTES, el servicio de salud que este necesita

·         Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta Acción Urgente.

·         AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO –INPEC, adelantar los tramites de salid de forma inmediata, con el objetivo de que sean practicadas las cirugías correctivas al problema de salud que requiere el interno CARLOS ANDRES BUSTOS CORTES, en ese sentido informar a nuestra corporación los tramites de salud que ha  recibido el interno.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas Internas y Externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, A LA COALICIÓN LARGA VIDA LAS MARIPOSAS Y DEMÁS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN, DIFUNDIR LA PRESENTE ACCIÓN URGENTE Y EXIGIR DEL GOBIERNO Y DEMÁS INSTITUCIONES DEL ESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN RECLUSIÓN.
                                                                                   

CORPORACIÓN SEMILLA Y MEMORIA

24 DE SEPTIEMBRE DE 2015


INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71

GERMAN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.


JUAN FERNANDO CRISTO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

YESID REYES ALVARADO
Ministro de Justicia y del Derecho

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC
Dirección General Calle 26 No. 27-48
PBX (57+1) 2347474 / 2347262 Bogotá – Colombia.


ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

NOTA: correo electrónico de la corporación semilla y memoria: semillaymemoria14@gmail.com






miércoles, 16 de septiembre de 2015

EN LIBERTAD WILMAR VEGA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TOLIMA-ASTRACATOL.

¡DESPUÉS DE ESTAR TRAS LAS REJAS POR MAS DE 7 MESES WILMAR REGRESA A LA LIBERTAD!

LA CORPORACIÓN SEMILLA Y MEMORIA, Organización no gubernamental de derechos humanos, defensora de prisioneros políticos y miembro de la COALICIÓN LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS tiene el gusto de informar a la opinión pública nacional e internacional, que ha sido dejado en libertad el prisionero político WILMAR VEGA GARCÍA, miembro de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TOLIMA-ASTRACATOL.
WILMAR VEGA fue capturado en el mes de diciembre del 2014, en inmediaciones del municipio de planadas Tolima por disposición de un juez de Neiva, quien se negó a la solicitud de no decretar medida de aseguramiento solicitada por la defensa dada su condición de campesino, su arraigo laboral y social.
El día de ayer, por solicitud de los abogados de nuestra corporación en audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, el JUEZ 3 PENAL MUNICIPAL de la ciudad de Neiva Huila, reconoció que desaparecieron los presupuestos establecidos en el art 308 del código de procedimiento penal, en tal sentido concedió su libertad inmediata.
WILMAR hace parte de los  miles de campesinos colombianos víctimas de falsos montajes judiciales  que sufren la persecución del estado Colombiano.
Reiteramos que no es la primer vez que la CORPORACIÓN SEMILLA Y MEMORIA Y LA COALICION LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS ha denunciado hechos como estos, aún no estamos todos faltan los prisioneros políticos.

LA LUCHA SOCIAL NO ES UN DELITO ES UN PASO HACIA LA LIBERTAD.

jueves, 30 de julio de 2015


DENUNCIA PÚBLICA Y ALERTA TEMPRANA
La coalición larga vida a las mariposas y la Corporación Semilla y Memoria DENUNCIA ante  las organizaciones defensoras de DDHH, la opinión pública  y las  organizaciones  nacionales  e internacionales,  LA CAPTURA ILEGAL por miembros de la SIJIN, de estudiantes VÍCTOR HUGO MALUCHE, NATALIA RAMÍREZ Y JUAN GARAY de Defensores de DDHH, pertenecientes al COLECTIVO MACONDO, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (FEU) Y MOVIMIENTO POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA, lo  cual constituye una evidente violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitarios.
El día 30 de julio de 2015, los compañeros mencionados fueron retenidos  cuando se trasladaban del municipio de Vegalarga hacia el municipio de Neiva en el departamento de Huila, por parte de un grupo de la SIJIN en un retén del Ejército Nacional, quienes después de solicitarle los documentos, se les arrebataron como así mismos sus celulares e incluso causaron lesiones a la integridad del estudiante JUAN GARAY. En este momento se encuentran detenidos en la sede de la SIJIN de la ciudad de Neiva donde fueron llevados sin darles explicación de dicha captura.
Tememos por el riesgo de que esta situación llegue a configurar un típico falso positivo judicial por parte de los órganos estatales en su conocida conducta de persecución a líderes y defensores de derechos humanos.


ALERTAMOS

El peligro que corren los compañeros estudiantes y defensores de DDHH anteriormente mencionados a que le sean conculcados sus derechos fundamentales y los de las organizaciones de las que hacen parte que desde hace varios años sufre la persecución y hostigamientos por parte de agentes del estado además de los montajes judiciales de los que pueden ser objeto.


EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

1.  Se tomen las medidas pertinentes del caso mencionado,  a fin de no colocar en riesgo, y amparar como corresponde los derechos fundamentales de las y los campesinos del Tolima.
2.  Solicitamos a las Entidades Estatales se inicien las investigaciones respectivas disciplinarias y penales a las que haya lugar por los hechos anteriormente mencionados.
3.  Al Estado Colombiano se exige la activación de los mecanismos necesarios a fin de garantizar a la legítima protección de los derechos humanos.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

1.      Se continúe  con el seguimiento  y los monitoreo frente  a la grave situación de derechos humanos  y agresión e intimidación  permanente a estudiantes defensores de DDHH, sin que hayan verdaderas y reales garantías para ejercer  el legítimo derecho de la libre expresión y no a la declaración forzada.
2.      Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta  clara y contundente frente  a las  investigaciones  que  se hayan  adelantado, en cuanto a las denuncias realizadas.
3.      A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos  intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
4.      A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos emitir cartas de respaldo a la presente denuncia pública y acompañar la atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los integrantes de esa familia.

RESPONSABILIZAMOS A:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la  República, GERMÁN VARGAS LLERAS Vicepresidente de la República, JUAN CARLOS PINZÓN Ministro de la Defensa, JUAN FERNANDO CRISTO Ministro del Interior,  ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ Ministro de Justicia y del Derecho, LUIS EDUARDO MONTEALEGRE Fiscal General de la Nación, JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ  Defensor del Pueblo, ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación,  LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN Gobernador del Tolima, AL COMANDANTE DE LA  BRIGADA MÓVIL N° 20.

Remitimos a:

Presidente de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71

Vicepresidente de la República
Tels. (+571) 334.45.07, (+573) 7720130,
E-mail:hernanulloa@presidencia.gov.co

Gobernador del Tolima
Luis Carlos Delgado Peñón
Carrera 3a. Entre calles 10A y 11 Edificio Gobernación del Tolima
Conmutador: (57)-(8)-2611111 – 2611616
idelgado@tolima.gov.co

Defensoría del pueblo del Tolima
MIGEL  ANGEL  Aguiar  Delgadillo
 Oficina Principal - Dirección: Calle 20 No. 7-48 (Ibagué - Tolima)
Teléfono: (57) (8) 2615028 - 2633906 -
Correo electrónico: tolima@defensoria.org.co
Secretaria: Sandra S. Almario Castro

Procurador General de la Nación
Señor Alejandro Ordoñez
Cra. 5 #. 15-80, Bogotá.
Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23;
E-mail:cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;
webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co;
reygon@procuraduria.gov.co.

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
derechosmarcha@gmail.com
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de  Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Dirección actualizada: Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101. Edificio Teleport Business Park Bogotá, D.C.
Teléfono (57-1) 658 3300, Fax (57-1) 658 3301

COALICIÓN LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

CORPORACIÓN SEMILLA Y MEMORIA

lunes, 27 de julio de 2015

REBELIÓN, ¿DELITO O DERECHO? REFLEXIONES PARA REABRIR UNA DISCUSIÓN





Jhojann Granados[1]

Cuando un ex presidente de la República, hoy Senador, fuertemente vinculado con el narcotráfico y el paramilitarismo[2], esgrime que son presos políticos quienes han sido judicializados por apoyar las tesis del uribismo[3], no podemos sino pensar en el deterioro tan burdo y caricaturizado de conceptos como prisionero político, delito político y rebelión. Es una pauperización conceptual significativamente nociva para alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades militares, y aún más para sentar las bases de una paz con justicia social que prevenga las causas generadoras de esta guerra.

Pero éste no es un fenómeno gratuito o involuntario, ajeno a la incidencia estatal y de los medios de comunicación. Al contrario, ocultar, malinterpretar o tergiversar la noción de prisionero político es una política de estado, tan así, que el entonces Presidente de la República Julio César Turbay Ayala diría que: “el único prisionero político en Colombia soy yo”, y más recientemente el ex vicepresidente Angelino Garzón manifestaría  en 2012 que los prisioneros políticos en Colombia no existen[4]. La construcción de discursos y de narrativas en el conflicto ha generado unos esquemas de descalificación que sustentan y promueven el mismo conflicto y que son usados por los medios tradicionales de comunicación, generalmente anclados al poder político, para justificar la guerra y posicionar al otro, no como un rebelde, sino como un enemigo que debe ser exterminado[5]. Ya no se habla de delitos políticos, sino de terrorismo, una re conceptualización que está más allá de precisiones teóricas sobre la tipicidad penal, sino que llevan un mensaje, un discurso homogéneo que golpea de choque en toda la sociedad[6]. Bajo esta terminología jurídica, quien se enfrenta con las armas ante el Estado ya no es alguien que se rebela sino que es alguien que causa terror, y por lo tanto no merece subrogados penales, indultos o amnistías, privilegios de ninguna clase, y no debe ser reconocido como un igual. Con él no se discute, a él o se le aniquila o se le impone condiciones de rendición. Nada más dañino para la terminación de un conflicto armado.

Pero, ¿existe o no el delito político en el ordenamiento jurídico Colombiano? Debemos decir en primer lugar que los delitos, como categorías jurídicas, deben estar consignadas en la legislación que para ese tema se establece, que en el caso Colombiano nos referiríamos principalmente al Código Penal (ley 599 de 2000). En este sentido, y bajo esta solo perspectiva legal y exegética, no existirían los delitos políticos en estricto sentido, pues no existe ningún título que expresamente lo diga así. No obstante, no es posible pensar que este camino hermenéutico sea el indicado, ya que la Constitución Política de Colombia en los artículos 35, 150, 179, 201, 232, 299, menciona dicha clase de delitos, además de la amplia jurisprudencia que los ha estudiado, sea para darle posibilidad jurídica[7], o para quitarle su sustento y lógica normativa[8]. Entonces, sin que esté expresamente delimitado, debemos entender los delitos políticos como los consagrados en los artículos 467 a 473 del actual Código Penal, teniendo así tres delitos principales (rebelión, sedición y asonada) y dos derivados de éstos (conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal del mando).

Sin embargo el más conocido de éstos, la rebelión, llama la atención principalmente porque, si tenemos en cuenta los tratados internacionales que se asumen como parte del bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución Política[9], no es solo un delito, sino que además es, a su vez, un derecho, o para ser más exacto, un supremo recurso. Así lo determina el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al expresar “que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Poco se ha hablado sobre esta doble condición de la rebelión, la de delito y la de derecho[10], y aún más poco en nuestro país, es una dicotomía complicada de digerir, que lleva a más preguntas que respuestas, ¿cómo puede un ordenamiento jurídico tratar una conducta como acto delincuencial y a la vez como alternativa contra gobiernos opresores? ¿Ser trata de las mismas conductas? ¿En qué circunstancias los actos de rebeldía deben ser castigados y cuando están revestidos de legitimidad? Y sobre el “régimen de Derecho” en Colombia, ¿la formalidad jurídica es suficiente para configurarla, o la materialidad revierte y contradice dicho elemento? ¿Es Colombia una dictadura de facto? ¿Hay elementos objetivos en el manejo político y económico que se puedan constituir opresores y a su vez legitimar un levantamiento rebelde?

Las preguntas quedan sobre la mesa. La discusión aún no está cerrada, aún hay muchas aristas que no se han planteado o respondido. Nuevos elementos de juicio que resultan en el desarrollo de este proceso de discusión en La Habana[11] abren las fronteras de los dogmatismos y de las narrativas tradicionales. Queda provocado el debate y es necesario y útil que se dé.




[1] Estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad del Tolima. Auxiliar jurídico de la Corporación Semilla y Memoria. Integrante del semillero de investigación en Técnicas de Juicio Oral y Derecho Penal.
[2] A pesar de la amplia y sólida información que pueda relacionar a Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, recomiendo en especial la Tesis para obtener el título de Máster en DDHH, de Francisco Simón Conejos, intitulada “Crímenes contra la humanidad en Colombia: elementos para implicar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia universal y la corte penal internacional” de la Universidad de Valencia (España), que puede consultarse en el siguiente enlace:
https://colectivosurcacarica.files.wordpress.com/2013/11/cricc81menes-contra-la-humanidad-en-colombia-elementos-para-implicar-al-ex-presidente-acc81lvaro-uribe.pdf
[3] Esto respecto a la visita del ex presidente Felipe Gonzáles a Venezuela por el proceso judicial del político de ese país Leopoldo López. Ver declaración: http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/en-colombia-tambien-hay-presos-politicos-como-en-venezuela-pero-mas-sofisticadamente-y-menos
[4] Ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-reitera-colombia-no-existen-presos-politicos-articulo-333039
[5] Paran estudiar el manejo de las narrativas en el conflicto, especialmente en el caso de Marquetalia recomendamos “Narrativas de la violencia. Una mirada histórica al mito fundacional de las FARC” de Lucía Estévez Pedraza. Puede encontrarse en este enlace: http://www.pacarinadelsur.com/home/oleajes/621-narrativas-de-la-violencia-una-mirada-historica-al-mito-fundacional-de-las-farc
[6] Sobre la discusión jurídica de Terrorismo y Rebelión se recomienda, “¿Terrorismo o Rebelión?” del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2001). Así mismo, ya desde un análisis filosófico, “Terrorismo y respuesta justa” de Noam Chomsky (2002)
[7] Ver Sentencia del 29 de Abril del 2015, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Magistrado Ponente, Hernán Andrade Rincón. Radicación No.: 520012331000199800580 01 (32.014).
[8] Sentencia C – 456 de 1997, Corte Constitucional, Magistrados Ponentes: Dres. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz.
[9] Sobre el tema se recomienda “El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana” de Mónica Arango Olaya, que puede visualizarse en este enlace: http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf
[10] Un acercamiento importante se puede encontrar en Dalmacio Negro Pavón en su obra “Derecho de resistencia y tiranía”
[11] Quizá el más importante de todos es el informe de la comisión sobre las causas del conflicto y sus víctimas, compuesto por catorce intelectuales, que ha permitido hacer un balance muy completo de los actores y su influencia en el desarrollo de la guerra. Dicho informe se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/informe-comisio%CC%81n-histo%CC%81rica-del-conflicto-y-sus-vi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015